En carta dirigida al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, embajador Luis Juan Chuquihuara, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó hacer llegar a la brevedad posible a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi Díaz, el documento suscrito por ocho relatores especiales de este organismo, en el que piden atención urgente del Gobierno peruano a la información que han recibido sobre denuncias en el marco de las protestas sociales.
Se trata del uso excesivo de la fuerza, lo cual ha provocado un elevado número de muertes ilícitas. La supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de manifestantes y disidentes. Detenciones supuestamente arbitrarias. Un caso de desaparición forzada. Estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de manifestantes durante las protestas que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre del 2022.
También indican que han recibido información respecto a la existencia de un elevado número de personas de pueblos indígenas y también de personas campesinas que habrían sufrido detenciones arbitrarias y asesinatos, además de falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados.
En el documento se señala que desde el inicio de las manifestaciones el Estado peruano habría respondido con el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas y que en ese marco se alega que se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza, actos de violencia, detenciones en masa y posiblemente arbitrarias, uso de gases lacrimógenos y balines, así como violencia contra la prensa.
Con información de La República.
