El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) ha presentado el Proyecto de Ley N.º 11561, que busca sancionar con penas de tres a seis años de prisión a quienes interpongan “denuncias falsas” en casos de violencia familiar, lo que incluye violencia contra la mujer.

La propuesta plantea incorporar el artículo 402-A al Código Penal y modificar la Ley 30364, que protege a las víctimas de violencia, para que la denuncia falsa sea considerada un agravante penal. Además, prevé sanciones para profesionales —abogados, médicos, psicólogos, policías— que participen en la elaboración de pruebas adulteradas.

Durante la sesión de la Comisión de Mujer y Familia, Muñante justificó su iniciativa afirmando que muchas denuncias se basan en “cólera o venganza” y que generan procesos que terminan archivándose.

Según el Programa Nacional Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer, en lo que va de 2025 se han atendido más de 168,000 casos de violencia y realizado 99,000 acciones preventivas en todo el país, lo que refleja la magnitud del problema.

El Movimiento Manuela Ramos rechazó la propuesta y advirtió que podría desincentivar las denuncias en un país donde muchas víctimas temen acudir a las autoridades.

“Recordamos a los congresistas que las cifras de feminicidios nos indican que muchas denuncias no son atendidas a tiempo. Exigimos que el Congreso legisle con base en evidencia y proteja a las mujeres, no que las criminalice”, expresó la organización en un comunicado.

La presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Milagros Jáuregui, respaldó el debate, aunque su historial legislativo ha sido criticado por iniciativas que buscan derogar el aborto terapéutico, eliminar el enfoque de género y reemplazar el delito de feminicidio por “asesinato de pareja”.

La discusión recién empieza y genera fuertes tensiones entre quienes exigen justicia efectiva para las víctimas y quienes temen que esta ley sea usada para intimidar a mujeres que buscan denunciar a sus agresores.